Entre la injerencia y la negligencia: la acusación de EE.UU. que acorrala a Sheinbaum

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez; el ex Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Gerardo Mérida Sánchez, el Vicefiscal General de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y cuatro personas más. De acuerdo con el comunicado oficial, se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, así como de participar en redes de tráfico de armas.

En el documento publicado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el 29 de abril de 2026 —aunque fechado el 23 de abril—, se detalla que, según la acusación, los implicados habrían desempeñado funciones relevantes para facilitar las operaciones del crimen organizado. La fiscalía sostiene que presuntamente protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa —en particular a la facción de los llamados “Chapitos”— frente a investigaciones, detenciones y procesos judiciales. Asimismo, se señala que habrían proporcionado información confidencial de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, con el fin de anticipar operativos. De igual forma, se afirma que, presuntamente, habrían instruido a cuerpos policiales estatales y municipales para resguardar cargamentos de droga en territorio nacional y en tránsito hacia Estados Unidos. A cambio, según la acusación, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.

En México, y particularmente en Sinaloa, la noticia generó un auténtico terremoto político y una profunda conmoción social. Desde hace más de un año, la ciudad de Culiacán vive inmersa en un conflicto violento entre facciones del crimen organizado. El saldo es devastador: miles de homicidios, desapariciones, desplazamientos y pérdidas económicas. Cientos de casas, negocios y locales comerciales han sido quemados. La actividad comercial, cultural y social se ha contraído de manera significativa; la competitividad, las fuentes de empleo y el crecimiento se han desmoronado; la vida nocturna prácticamente ha desaparecido, y el miedo se ha instalado como una constante en la vida cotidiana de los sinaloenses.

Frente a este contexto, la noticia ha generado reacciones encontradas. Para una parte de la ciudadanía, que busca desesperadamente una salida a esta crisis prolongada de violencia de la «narco pandemia», la acusación representa una posible vía de ruptura con cualquier pacto impunidad. Una esperanza de que esta etapa tan sombría termine pronto. Además, la noticia de una posible complicidad entre gobierno y organizaciones criminales también vendría a confirmar lo que muchas personas pensaban desde hace varios sexenios.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, el episodio constituye uno de los desafíos más complejos de su administración. No solo por su impacto interno, sino por sus implicaciones en la negociación del nuevo tratado de libre comercio y en la cooperación binacional con Estados Unidos en materia de seguridad, inmigración, turismo y cooperación judicial. Surgen preguntas inevitables: ¿por qué el gobierno estadounidense no compartió previamente esta información con las autoridades mexicanas? ¿Cómo se interpreta esta acusación en el contexto de una administración que ha intensificado la entrega de objetivos criminales de alto perfil? Sobre todo, si se toma en cuenta que la administración de Sheinbaum ha sido la que más criminales ha trasladado a Estados Unidos, incluyendo a capos del narcotráfico que por años fueron solicitados por el país vecino. Según datos del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se han enviado 92 criminales de alto impacto en esta administración. Algo inédito en la historia de la relación bilateral.

Entonces: ¿estamos ante un esquema de cooperación real o frente a una relación asimétrica donde una de las partes impone condiciones? ¿Buscan colaboración o sumisión?

Para muchos, esta acusación es una medida injerencista que busca desestabilizar el proyecto del gobierno mexicano, el cual se ha negado tajantemente a permitir la intervención extranjera en su territorio. Se puede advertir una acción directa para obligar a la presidenta a someterse. Pero no solo es eso. Reducir este episodio a un simple acto de injerencia extranjera resulta cómodo, pero insuficiente. Sin duda, la acusación puede leerse como una acción que vulnera la soberanía y control institucional del Estado mexicano. La pérdida del control sobre la narrativa, las pruebas y el proceso mismo refuerza esa percepción. Sin embargo, centrar toda la explicación en factores externos evita enfrentar un problema más profundo: las fallas internas.

El gobierno estadounidense actúa conforme a sus propios intereses. Pero eso no elimina la responsabilidad nacional. Cualquier decisión que tome la presidenta tendrá un costo político inevitable, y cualquier dilación lo incrementará. Desde hechos que nunca fueron plenamente esclarecidos —como el asesinato de Héctor Melesio Cuén, la detención de Ismael Zambada García “El Mayo” y el posterior recrudecimiento del conflicto entre facciones criminales—, la falta de decisiones oportunas del gobierno federal elevó la gravedad del problema.

En su momento, el Gobernador del Estado no tuvo la altura para hacerse a un lado, permitiendo que su legitimidad se erosionara de forma progresiva, hasta volverse insostenible. Se tardó, pero hoy muchos agradecen que pida licencia al cargo. Ojalá el Presidente Municipal y el Senador hagan lo mismo.

¿Cómo llegamos hasta este punto? Y es que la Fiscalía General de la República (FGR), tampoco asumió la competencia que le correspondía. La falta de diligencia investigativa, la ausencia de acciones contundentes y la omisión en el ejercicio de sus facultades contribuyeron a consolidar una percepción de impunidad. A pesar de los indicios, las tensiones institucionales y la gravedad de la situación en Sinaloa, no se observaron investigaciones proporcionales al nivel de la crisis. La acusación proveniente del extranjero, independientemente de la solidez de sus pruebas, pone en evidencia estas omisiones.

La relación bilateral en materia de seguridad nunca ha sido plenamente simétrica. Este episodio revive una tensión histórica: la cooperación condicionada frente a una soberanía que, en la práctica, enfrenta límites. Cuando la justicia interna no actúa con oportunidad y firmeza, abre espacios para que actores externos intervengan —directa o indirectamente— en la definición de responsabilidades, con el respectivo, costo político, pero, sobre todo, humano.

Lo que ocurre en Sinaloa no es un fenómeno aislado ni reciente. Es la expresión más cruda de un deterioro institucional que ha sido tolerado durante demasiado tiempo. Las consecuencias no solo son políticas, sino profundamente humanas: vidas perdidas, comunidades fracturadas, miedo generalizado y una erosión constante de la confianza en el Estado.

Sí, esta acusación puede interpretarse como una forma de intervención extranjera, y en cierta medida lo es. Pero esa lectura, por sí sola, no explica el problema. La omisión interna, la falta de acción frente a señales evidentes y la incapacidad de las instituciones para responder con eficacia constituyen una forma de negligencia que resulta aún más grave. Si, comparto la idea de que debemos apoyar a nuestro gobierno en cualquier acto de intervención extranjera, pero también es nuestro deber pedirle cuentas.

La presión externa probablemente continuará e incluso se intensificará. Pero el riesgo mayor no está fuera, sino dentro: una justicia nacional que pierde credibilidad. Y entonces, la pregunta de fondo deja de ser política para volverse estructural: si la justicia mexicana no actúa, no solo pierde legitimidad; cede el monopolio moral del castigo. Y cuando eso ocurre, la soberanía deja de ser un principio real y se convierte en un discurso.